Corrupción en Baleares: Armengol subvenciona a las empresas que protege de la investigación judicial

El Govern balear concede subvenciones a las mismas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que han sido denunciadas por infracciones graves de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente. Son unas denuncias que el propio Govern se ha negado a tramitar hasta el punto de que falsificó un documento público para favorecer a las empresas en cuestión y frenar así una investigación judicial.  Las subvenciones las concedió en 2018 y 2019 la Conselleria de Trabajo, Comercio e lndustria que estaba presidida por el conseller socialista Iago Negueruela, mano derecha de Armengol en el Govern.

Como ha ido informando OKDIARIO, el Govern de Armengol falsificó en 2020 un documento público para frenar una investigación judicial a las empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas. Este documento falsificado sirvió también para archivar los expedientes que el propio Ejecutivo balear se vio obligado a abrir a las empresas náuticas tras recibir una denuncia por infracciones graves a la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, entre otras irregularidades.

Ahora se sabe que las empresas denunciadas no sólo fueron protegidas por el Govern de fuertes sanciones y de una investigación judicial, sino que además las estaba subvencionando dentro de su proyecto para promocionar en el exterior el sector náutico de Baleares.

Las subvenciones, según el propio Govern, se justifican por la decisión de «impulsar actividades empresariales del sector náutico y, particularmente, las industrias vinculadas a  la reparación y mantenimiento de embarcaciones». Así puede leerse en la documentación del propio Ejecutivo balear.

Parece evidente que el Govern de Armengol no quería bajo ningún concepto aparecer como financiador de una serie de empresas que incumplían la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente, que iban a ser objeto de una investigación judicial y que, además, tenían expediente abiertos por la Conselleria de Industria por infracciones graves.

Esto no podía suceder de ninguna forma y la decisión fue falsificar un documento para acaba de un plumazo con la investigación judicial y con los expedientes por infracciones graves.

Los expedientes a las empresas afines del sector náutico se abrieron en 2018 por parte de la Conselleria de Industria que presidía entonces Iago Negueruela. Se abrieron los expedientes pero no se tramitaron. Ante esta paralización de los expedientes sancionadores hubo una denuncia del Grupo Fabkina ante los juzgados.

El 9 de septiembre de 2019 el juzgado inicia la instrucción y solicita toda la documentación sobre los expedientes a la Conselleria de Industria que ahora estaba en manos de Podemos. La presidía el juez Juan Pedro Yllanes.

Al día siguiente, 10 de septiembre, la Conselleria envía al denunciante, Grupo Fabkina, una resolución firmada el 29 de julio de 2019 por la que se dejaban sin efecto los expedientes. Con esta resolución ya no había fuertes sanciones a las empresas infractoras y se paralizaba la investigación judicial.

El fraude fue que el documento de la resolución del 29 de julio fue falsificado. Es un documento creado y firmado el 10 de septiembre, un día después de haber recibido el requerimiento judicial.